"Desafíos en la Seguridad Minera: El Debate Sobre la Normativa de Vigilantes Armados en Chile"

En el corazón de la industria minera chilena, una reciente normativa ha encendido el debate sobre las medidas de seguridad en las faenas mineras, específicamente sobre la obligación de contar con vigilantes Privados. Esta medida, impulsada por el gobierno y amparada bajo el Decreto Ley N° 3.607 de 1981, ha generado preocupaciones y críticas por parte de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Consejo Minero, que representa a las grandes empresas del sector.

Es importante destacar que, bajo la legislación chilena, cuando una empresa es designada como "estratégica" por el gobierno, se le exige implementar una serie de medidas de seguridad rigurosas. Entre estas medidas, la empresa debe contar con un Departamento de Seguridad Privada integrado en su organigrama. Este departamento no solo es crucial para la coordinación de las operaciones de seguridad en la empresa, sino que también debe incluir la figura del vigilante privado.

El vigilante privado es un guardia armado, vestido con teñida “slack” color gris perla azulado, capacitado específicamente para el manejo y uso de armas de fuego. De acuerdo con la ley, estos vigilantes no pueden ser subcontratados a empresas externas; deben ser contratados directamente por la empresa estratégica. Además, están sujetos a un programa de cumplimiento y capacitaciones continuas y rigurosas, diseñadas para asegurar que su formación esté siempre al día y en línea con las mejores prácticas y normativas vigentes en el ámbito de la seguridad privada.

Contexto de la Controversia

La normativa en cuestión designa a ciertas empresas mineras como "estratégicas", obligándolas a implementar rigurosas medidas de seguridad, incluyendo la contratación de guardias armados como trabajadores propios. Este cambio afecta tanto a medianas empresas como a grandes actores de la industria, incluyendo firmas estatales y privadas como Enami, BHP, Antofagasta Minerals, y Teck.

Opiniones del Sector

Jorge Riesco, presidente de Sonami, expresó su preocupación al considerar que la medida fue adoptada de manera "precipitada y desmedida". Riesco enfatizó que, aunque la seguridad es un aspecto fundamental para las faenas, la solución impuesta parece no ajustarse a las realidades y necesidades específicas del sector minero en Chile. Argumenta que esta normativa implica un costo adicional significativo, sumándose a otros muchos que ya enfrenta la industria.

Por otro lado, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, destacó que los problemas de seguridad en la minería no ocurren tanto en los yacimientos como en los traslados, donde la normativa actual no permite guardias armados, señalando que esta medida puede enviar una "señal muy mala al sistema".

Respuesta del Gobierno

Ante estas críticas, Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, explicó que aunque la nueva Ley de Seguridad Privada fue promulgada el 14 de marzo, su plena implementación requiere la elaboración de reglamentos adicionales, los cuales están previstos para ser presentados dentro de tres meses. Hasta entonces, el régimen actual permanece en vigor, justificado por informes de Carabineros que destacan vulnerabilidades de seguridad en ciertas operaciones mineras.

Implicaciones para la Seguridad Privada

Este escenario plantea varios desafíos para las empresas de seguridad privada en Chile, especialmente para aquellas que operan en el sector minero. La necesidad de adaptarse rápidamente a nuevas regulaciones, gestionar eficazmente los riesgos asociados a la vigilancia armada, y colaborar estrechamente con las autoridades y clientes para asegurar una implementación efectiva, son aspectos cruciales que estas empresas deben enfrentar.